El 23 de agosto de 1929 la Comisión Local Agraria recibió una solicitud de dotación de tierras de trabajadores agrícolas. La petición estaba firmada por un grupo de 45 campesinos de las exhaciendas de Dolores y de Santa Isabel. Reunidos en casa de su líder, Manuel Mireles, apoyaron la iniciativa de ampararse en la legislación agraria. En esa reunión nombraron presidente ejecutivo del comité al mencionado Mireles y como secretario al aparcero Ambrosio Rodríguez.
La “carencia de tierras y la necesidad apremiante de acceder a ellas para un mejor porvenir” fue la justificación principal de su solicitud.
Los orígenes de estas poblaciones se encuentran en una antigua merced colonial llamada “agostadero de Doña Rosa”. En siglo XVIII, el agostadero fue fraccionado en dos partes, en una de ella se formó la hacienda Concepción de Peñitas con 4,100 hectáreas, el resto se mantuvo en comunidad.
Tiempo después, el resto del agostadero se fue fraccionando en propiedades más pequeñas, lo que dio origen a las fincas agrícolas de Dolores y de Santa Isabel, de igual forma, surgieron otras pequeñas propiedades también denominadas “haciendas”.
Estas últimas en realidad se trataron de ranchos, pero la gente de su tiempo se refería a ellas como “hacienda de Jesús Garza” o “haciendita”, “hacienda la cruz” y “hacienda San Diego”. A menudo, se solía llamar “hacienda de los Serrano” a los terrenos de los herederos de Eugenio Serrano.
Algunas, con el tiempo lograron consolidarse como fincas agrícolas, otras quedaron enmarcadas dentro de las rancherías del Tepehuaje o en su periferia.
A partir de la primera mitad del XIX, los dueños de esas fincas, empezaron a ceder algunas porciones de terreno o labores en calidad de aparcería a diversos trabajadores locales y foráneos. Con los asentamientos de esos trabajadores es que surgen los poblados que luego se transformarían en los ejidos.
Tras una serie de desaires entre los peticionarios y los propietarios, el 8 de noviembre de 1930 el ingeniero Fortunato Villarreal Neira fue enviado a la población para realizar los primeros trabajos de campo.
De su informe se desprenden los siguientes datos: los pueblos de Santa Isabel y el de Dolores son fincas separadas, pero tienen una vida en común porque se encuentran muy cercanas, los habitantes de dichos puntos se reconocen como “poblado de Santa Isabel y Dolores”; Se identifican tres tipos de tierra la de riego, de temporal y de agostadero.
Los campesinos señalaron que “la mayoría de los aparceros fueron despojados de las tierras” que trabajan en calidad de medieros.
El vocal secretario de la CLA, Ventura Hinojosa, en mayo de 1931 propuso con base a los alegatos de los propietarios que se declarara improcedente la dotación.
Los argumentos eran: ya se había dotado a Dolores como ranchería de Tepehuaje, los vecinos no cumplían con la antigüedad necesaria y otros ni eran del lugar, por último, la distancia de 1,500 metros entre ambos poblados sugería que se trataba de dos poblados diferentes.
Después de varias deliberaciones entre los miembros de la CLA, y muy probablemente con la presión de los propietarios, la CLA resolvió el 13 de julio declarar improcedente la dotación.
Enterados los propietarios de la resolución, iniciaron una mayor presión para tratar de desalojar a todos los aparceros. Quizás, por indicaciones de los otros agraristas, estos se negaron a salir del predio, la situación se volvió tensa, en medio de amenazas, a tal grado que el gobernador intervino.
A finales de enero de 1932, el gobernador despachó al presidente de la CLA para que viniera personalmente a revisar el asunto y dar una solución. Gracias a la intervención de los mandos militares se reapertura el expediente de Santa Isabel & Dolores.
Se realizó una intensiva búsqueda en el Registro Público de la Propiedad para determinar que propiedades serian afectables.
Se determinó que los posibles afectados serían aquellos que cumplieran con los requisitos de tener la mayor cantidad de terreno en las fincas mencionadas y poseer otras propiedades. De los que resultaron cuatro propietarios: Jesús María Gutiérrez con 1,651 has; Lorenzo Cantú con 874.7 has; Jesús Garza y Garza con 1068.3 has y Reynaldo Gutiérrez: 1,240 has. Estos tres propietarios poseían en terrenos de Santa Isabel y Dolores unas 4,834 has, además de tener propiedades en Tepehuaje, Soledad Herrera y otras jurisdicciones.
Los meses siguientes se realizaron los preparativos previos a la entrega de los terrenos. Se efectuaron los deslindes correspondientes y la designación de predios. Efectuándose el acto de entrega de los terrenos el 18 de febrero de 1934. En 1938 los ejidatarios solicitaron una ampliación del ejido debido a que varias familias sin derecho ejidal.
En 1979 bajo la presidencia de Miguel de la Madrid, se solicitó al gobierno del estado la expropiación de 22 hectáreas en el ejido Santa Isabel y Dolores para la construcción de secundaria y un Centro Tecnológico de Estudios Agropecuarios. Las medidas totales que se hicieron fueron de 37.40.75 hectáreas con un valor de $374,081 pesos.
A mediados del siglo XX se inició un programa de citricultura estatal para varios ejidos de la región, Santa Isabel y Dolores fue pionero y muestra de éxito del proyecto. Inclusive, esta actividad económica sigue siendo parte fundamental en el desarrollo de la comunidad.
Sus líderes han sido reconocidos no solo en la comunidad, Filomeno Arizpe conquistó la presidencia municipal en el periodo 1939-1940, Manuel Mireles fue presidente municipal interino en 1935.
